Archivos para abril, 2010

El Estado detuvo, clausuró y…


La sentencia firmada por Javier Gómez
Bermúdez pretende ser un contundente tirón de orejas para las
acusaciones populares que han sustentado el caso, pero en realidad
debiera ser un correctivo contra las formas de actuar del Estado y de la
propia Audiencia Nacional, que fueron quienes llevaron a cabo la
operación contra «Euskaldunon Egunkaria» y otras muchas con los mismos
métodos.

 

La sentencia que felizmente absuelve a los
encausados por el cierre de «Euskaldunon Egunkaria» carga contra las
acusaciones populares -en este caso la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia– por la «artificiosidad de la hipótesis
acusatoria» y porque «han invertido el proceso inductivo. Primero se ha
decidido cuál es la conclusión, de la que se predica, sin base, que es
indiscutible, luego se buscan las señales, vestigios o indicios y, por
último se rechaza cualquier sentido o explicación de éstos que no apoye
la conclusión».

A la vista está, y perdónese el juego de palabras, que la acusación
contra las acusaciones es muy grave. De hecho, son las que han mantenido
este proceso durante los últimos años, dilatándolo hasta la vista oral
con todos los costes económicos y personales que ello conlleva. Y, sin
embargo, el tribunal presidido por Javier Gómez Bermúdez no incluye en
la sentencia ningún reproche explícito a su actitud. Ni siquiera les
impone una parte de las costas de un juicio que sólo por su culpa se ha
acabado llevando a cabo.

Esta laxitud, impropia en un juez al que se ha visto en otras
ocasiones ser verbalmente muy severo con los objetivos de sus
reprimendas, sólo tiene la explicación de que en esta ocasión a Gómez
Bermúdez le embarga un cierto sentimiento de culpa. Sabe que no es la
primera vez que la Audiencia Nacional «ha invertido el proceso
inductivo» dando lugar a condenas muy graves. Y sabe, sobre todo, que no
fueron la AVT o Dignidad y Justicia quienes mandaron a cientos de
guardias civiles a cerrar «Euskaldunon Egunkaria» y a detener e
incomunicar a quienes consideraban sus responsables.

Fue el Estado quien encabezó
aquella operación que ahora, siete años después, es considerada no
ajustada a las leyes.
Fue un juez, Juan del Olmo, quien dictó
las órdenes de detención y clausura del diario a la Guardia Civil con un
auto en el que aseguraba que «`Egunkaria’ ha sido creada, financiada y
dirigida por ETA, teniendo su lugar en las estructuras de la banda y
unos enlaces determina- dos para recibir las directrices de la misma y
poder remitir información».

Fue una fiscal, Olga Sánchez, la que después de los interrogatorios,
pidió el encarcelamiento de la mayoría de los detenidos.

Fue un ministro de Justicia, José María Michavila, el que dijo que
quedaba demostrado que el diario «es un instrumento de la acción
terrorista», y otro de Interior, Ángel Acebes, el que añadió que la
operación era «en defensa de la cultura vasca, de su pensamiento y de la
expresión de su lengua en libertad». El jefe de ambos y presidente del
Gobierno, José María Aznar, ensalzó su labor porque la lucha contra ETA
-dijo- no debe hacer distinciones entre «las banderas de conveniencia
que pueda utilizar la banda terrorista».

Es más, hubo también una asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, que alabó el trabajo de su colega Del
Olmo asegurando que «goza de todas las presunciones legales de acierto
que establece nuestra legislación. No hay ningún hecho que indique
ningún tipo de error o de ilegalidad, sino todo lo contrario».

Y después, cuando iba a cumplirse un año de todas aquellas cosas que
la Audiencia Nacional dice ahora que eran «hipótesis artificiosas», la
fiscal Olga Sánchez volvió a pedir la prórroga durante otros seis meses
de la clausura de «Egunkaria». Luego el juez, Juan del Olmo, insistió en
mantener en prisión incondicional al consejero delegado, Iñaki Uria,
dejando por escrito que «es la ‘clave’ del arco incriminatorio, por
cuanto se aventura como eje de intervención directo y efectivo de la
organización terrorista ETA en el denominado ‘proyecto Egunkaria’».

Por tanto, si en este largo proceso
ha habido un montaje artificioso las culpas exceden claramente de las
acusaciones populares.
Alguien podría preguntarse si pueden los
aparatos del Estado caer tan bajo como para fabricar por intereses
políticos un caso delictivo allí donde no lo hay.

 

Se trata, ciertamente, de una acusación muy grave y, por lo tanto,
hay que ir con tiento para darle una respuesta. Conviene recurrir a
voces autorizadas, y por tales habrán de tomarse, sin duda, las de un ex
vicepresidente del Gobierno español y la de quien fuera su ministro
de Interior.

Ayer mismo le preguntaron a Jaime Mayor Oreja si ve posible que, como
afirma Francisco Álvarez Cascos, haya policías que estén
preconstituyendo o falsificando pruebas en el sumario Gürtel. Su
respuesta fue tajante: «Es perfectamente posible. Evidentemente, si lo
dice el señor Álvarez Cascos, sus razones tendrá». Por lo tanto, si
puede haber policías haciendo esas cosas en un caso de corrupción y
disputa entre partidos, ¿qué cabe pensar que ocurrirá en los asuntos de
Estado contra un enemigo común?

Lo que resulta llamativo es que
después de siete años y de todo lo visto y oído, haya responsables
políticos, institucionales y judiciales que digan que la sentencia de
ayer demuestra que «la Justicia en España funciona» y que es «un Estado
garantista».
Hay también ahí un vicio de origen, una
construcción artificiosa, una inversión del razonamiento.

En un Estado garantista, acusaciones tan graves como la de
pertenencia a una organización armada deben estar mínimamente
sustentadas antes de detener e incomunicar a nadie. En un lugar donde la
Justicia funciona, para tomar una decisión irreversible como la de
cerrar un diario se contrastan primero todos y cada uno de los extremos,
tanto sobre las imputaciones existentes como sobre la base legal y
constitucional que puede haber para la clausura. Es así, y no al revés,
como han de hacerse las cosas.

Y, sobre todo, en un Estado no ya garantista, sino que simplemente
decente, se practica «un control judicial suficiente y eficiente de las
condiciones de la incomunicación» para evitar siempre que pueda haber
«denuncias de malos tratos y torturas» «relatadas con detalle en la
vista oral» y que «son compatibles con lo expuesto en los informes
medico-forenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de
detención».

Fuente: www.gara.net
Autor: Iñaki Iriondo